El Hospital Departamental es un monumento a la ineficiencia y al desgreño administrativo

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“El hospital mantiene la calificación de riesgo alto, después de 3 años y cuatro o cinco meses de tener una intervención por la Superintendencia Nacional de Salud”.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, lamentó que el Hospital Departamental del Meta se haya convertido en “un monumento a la ineficiencia y al desgreño administrativo”, y anunció investigaciones disciplinarias a los funcionarios designados para la inspección, vigilancia y control de la intervención forzosa para administrar el centro asistencial.

Al término de una Audiencia Anticorrupción en Villavicencio, en la que participaron ciudadanos, veedores y líderes sociales, Carrillo Flórez advirtió que “la intervención del hospital no ha servido para nada”, y manifestó que la Procuraduría encontró irregularidades relacionadas con las modificaciones al estatuto interno de contratación, sobrecostos en los contratos y negocios con un único oferente.

Por este caso se abrió investigación la superintendente delegada para Medidas Especiales de la Superintendencia de Salud, Edna Paola Najar Rodríguez, y el exsuperintendente de esa misma delegada, Javier Antonio Villarreal Villaquirán. Además, al agente especial interventor del hospital, Luis Óscar Gálvez Mateus, y al representante legal de la Sociedad SAC Consulting SAS, Never Enrique Mejía Matute.

El jefe del Ministerio Público reveló que existen contratos de suministro de medicamentos e insumos médicos y servicios de imágenes diagnóstica a los que, al parecer, se les ha hecho adiciones, como ocurrió con uno en 43 oportunidades y otro en 27 ocasiones, mediante otrosíes que modificaron el objeto, plazo y valor.

Agregó que “se han celebrado más de 17 contratos con personas naturales y jurídicas, sin proceso de selección, con el objeto de adelantar gestiones de cobro de cartera a las EPS, pactando honorarios con sumas fijas y el 10% del valor de lo recaudado, lo que han concluido con el pago de miles de millones de pesos a particulares contratados de manera directa por el hospital”.

El Procurador lamentó el grave deterioro de la infraestructura física del hospital y la sobreocupación del centro asistencial, que supera el 250%, y advirtió que “no se han efectuado las inversiones necesarias para atender el crecimiento de la demanda de servicios médicos”.

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